Por: Daniel Támara

Los tan odiados bancos están en el centro del debate, de nuevo. Ya no porque tengan utilidades exageradas sino por su papel central en la actual crisis que atraviesa el país por cuenta de la expansión del coronavirus y, por supuesto, por la caída de los precios internacionales del petróleo. Vamos por partes.

La situación es la siguiente: los bancos no quieren prestar, porque saben que, con la parálisis en la actividad productiva, no les van a pagar. Y los empresarios, por el contrario, demandan crédito como nunca, pues tienen una caja sin flujo: sin ingresos, sin ventas, sin dinero. Caray.

En ese contexto, el Ministerio de Hacienda, en cabeza del también odiado Alberto Carrasquilla, se inventó varias figuras financieras para respaldar a los bancos, lo que debería repercutir, necesariamente, en mejores condiciones de financiamiento para las empresas.

Sin embargo, la cantidad de quejas que se han presentado con respecto a las trabas que está poniendo el sistema financiero para otorgar créditos y las versiones, respaldadas por algunos congresistas, de que el Gobierno les está dando plata a los bancos (los menos radicales hablan de $500 mil millones; los moderados, de $20 billones, y los más extremistas de $50 billones) a cambio de nada, llevaron a la conclusión de que, como ha sido costumbre, el Gobierno juega con la camiseta de los banqueros puesta.

La realidad, no obstante, es un poco más compleja. Y para entender las cifras y las decisiones del Gobierno, se debe partir de una primicia: a nadie la conviene que quiebren los bancos. Por una sencilla razón, y parafraseando las palabras del viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño: los bancos son una ficción; no tienen recursos propios; si quiebran los bancos, quiebran los ahorradores.

La avaricia de los $20 billones

Empecemos con esa frase que suena a escándalo: que el Gobierno le dio $20 billones a los bancos. Para entender dicha cifra, tenemos que remitirnos a la primera sesión extraordinaria de Junta Directiva del Banco de la República, que se llevó a cabo a principios de marzo, cuando apenas el coronavirus estaba desempacando las maletas en Colombia.

En ese encuentro, que todavía fue presencial (12 de marzo), la Junta tomó la decisión de ampliar los cupos de las subastas de liquidez de $12 billones a $17 billones.  Apenas tres días después, el Emisor aumentó nuevamente el cupo a $20 billones. Y dos días después lo dejó en $23,2 billones. De esta lluvia de decisiones fue que salió la cifra de los $20 billones.

La pregunta obvia es: ¿qué es una subasta de liquidez? Sin entrar en tecnicismos, se trata de una operación de mercado en la cual el banco central le presta dinero al sistema financiero a cambio de un papel o un título, que se convierte en una garantía. Ese préstamo tiene un vencimiento que, generalmente, es a un día, pero hay veces en que, y en esta coyuntura más que nunca, el plazo es mayor: siete, 30 o hasta 90 días.

Una vez termina ese plazo, el sistema financiero le tiene que devolver al Emisor los recursos que este le prestó más un interés, que corresponde a la tasa de política monetaria del banco central, que es famosa, porque todos los meses la Junta del República se reúne para mirar qué hace con ella: si la sube, si la baja o si la vuelve a subir. O si la deja quieta.

En ese orden de ideas, que el Emisor haya aumentado el cupo de las subastas de liquidez a $23,2 billones, lo único que quiere decir es que el sistema financiero le puede pedir recursos prestados hasta por ese monto. Es resumen: no se trata de un regalo, como dicen los honorables, sino de un préstamo.

La independencia

El segundo punto que es necesario tener en cuenta es que el Banco de la República no es el Gobierno. La Constitución del 91 establece que el Emisor es una institución independiente, al igual que su Junta Directiva.

Si bien el ministro de Hacienda de turno es el presidente de la Junta, cualquier decisión que tome el banco central se tiene que dar por mayoría calificada. Con excepción de algunos temas, como la emisión monetaria (prender la maquinita de billetes), en los que se requiere de una votación unánime, es decir, el visto bueno de los siete miembros.

Por eso, también sería incorrecto asegurar que esos recursos provienen del Gobierno o que es el propio Gobierno el que está autorizando giros de recursos a los bancos, por lo menos en este frente.

Las garantías de $50 billones

Una de las maromas financieras que hizo Carrasquilla en esta crisis fue capitalizar el Fondo Nacional de Garantías con recursos que sacó, principalmente, del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura, el famoso Fondes, que aportó $2,6 billones, provenientes de la venta de Isagén, del total de $3,2 billones.

Con estos recursos, el Gobierno creó unas líneas de garantías, que tienen como propósito respaldar los nuevos créditos que adquieran los empresarios hasta en un 90%, siempre y cuando, estos se comprometan a conservar el número de empleos.

Esas garantías pueden ascender a cerca de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que es equivalente en pesos a $50 billones. De ahí sale la segunda cifra, la más extremista.

Las garantías funcionan de la siguiente forma: los empresarios piden el préstamo; el sector financiero lo desembolsa; y luego los empresarios tienen que pagar ese crédito con la tasa de interés correspondiente. Acá viene lo interesante y, a la vez, lo preocupante: en caso de que la compañía quiebre y no pueda pagar, el Gobierno, que respaldó el crédito entre un 80% y un 90%, debe asumir, ahí sí, con recursos del Presupuesto General de Nación, estas deudas.

Es decir, el Gobierno no les está girando estos recursos a los bancos, sino que está asumiendo riesgo, con una mano rezando el padre nuestro y con la otra cruzando los dedos para que estas ayudas puedan evitar una quiebra masiva de las empresas, que no sólo haría, ahora sí, que Hacienda le tuviese que girar recursos al sistema financiero, sino que provocaría que la tasa de desempleo se disparara a niveles históricos, en un país en el que siempre ha estado en niveles históricos.

El encaje de los $500 mil

Tal vez la maniobra financiera más compleja que se ha hecho en esta crisis ha sido la que creó los Títulos de Solidaridad, que no son más que bonos de deuda pública, pero con palabras rimbombantes para que no causen tanto estrés.

La historia empezó en la más reciente sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Banco de la República, que fue hace unas semanas y de forma virtual. Una de las decisiones que se tomó en aquella reunión fue reducir el requisito de encaje de los establecimientos de crédito.

El encaje es una reserva. Por cada cuenta de ahorro o CDT que se abra, el banco tiene que guardar un porcentaje del monto que se depositó y el resto sí lo puede prestar. Reducir el requisito de encaje significa que ese porcentaje de reserva disminuye y, por ende, se liberan recursos que el establecimiento de crédito puede utilizar para realizar empréstitos.

Sin embargo, la jugada iba más allá: el Ministerio de Hacienda creó los ya mencionados Títulos de Solidaridad y obligó a los bancos a invertir esos recursos liberados en estos bonos. El Gobierno calcula que son más o menos $9,8 billones que tendrá disponibles para atender la emergencia actual.

El tema viene después con el pago de intereses, pues el Gobierno tiene que pagar esos recursos. Y de ahí es que sale la cifra de los $500 mil millones, de los intereses. Y si bien es cierto que el Gobierno tiene que pagarlos en su momento, esta maniobra permite compensar ese giro de recursos.

En efecto, el Banco de la República aceptó estos Títulos de Solidaridad en sus operaciones de liquidez. Es decir, que los bancos pueden entregar esos bonos hasta por $9,8 billones al Emisor y este, a su vez, les puede prestar esa cuantía de forma que puedan utilizar esos recursos de una vez.

Obviamente, luego el sistema financiero le tiene que devolver esos recursos al banco central más el interés, que es el de la tasa de política monetaria. Ese interés empieza a hacer parte de la contabilidad del Banco de la República y, por ende, a final de año forma parte de las utilidades que reporta el Emisor. Y, según la ley, estas ganancias tienen que ser transferidas al Gobierno en el año fiscal siguiente. Es decir, llegan al Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que pagar las obligaciones adquiridas con los bancos.

No se sabe qué otras maromas prepara Carrasquilla con el fin de conseguir recursos para atender la crisis actual. Sin embargo, lo único cierto es que, si queremos aportar en medio de esta situación inédita, para la que nadie tiene respuestas claras todavía, es importante que las discusiones sean más técnicas. Para todo lo demás, podemos ver una película de ficción o rezar el padre nuestro.

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